Tras el cierre de la revista El Guardián, el Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (CTP) redactaron el siguiente comunicad con el cual nos solidarizamos. Pedimos, además, su difusión.
Quienes conformamos Conferencia de Prensa adherimos al comunicado que enviaron nuestros colegas de Télam, convencidos de que también es contribuir a la defensa irrestricta de la libertad de prensa.
La Comisión Gremial Interna de la agencia Télam rechaza y repudia las declaraciones de la diputada nacional Diana Conti (FPV) realizadas al diario La Nación, en las cuales se burla y descalifica a los trabajadores de la agencia nacional de noticias al señalar que cualquier exabrupto de cualquier legislador o funcionario se soluciona haciendo “un cable en Télam”.
Sin embargo, no podríamos decir de ningún modo que sentimos estupor o sorpresa ante este tipo de declaraciones de personajes cercanos o que se creen cercanos al poder: a estas aberraciones los invitaron una y otra vez las autoridades de Télam en los últimos años, a pesar de las insistentes denuncias sobre censura y manipulación de la información que realizamos los trabajadores.
Presidentes de Télam; gerentes periodísticos; jefes y subjefes de redacción; integrantes de la mesa de edición, todos ellos han contribuido y contribuyen aún generosamente para llegar a esta situación humillante, instruyendo a prenseros y amanuenses variopintos para que “llamen, pidan y apuren” a las distintas secciones la salida de lo que ahora Diana Conti resume en “un cable de Télam”.
Esta misma línea con poder de decisión editorial es la que también, de manera cotidiana, instruye y ejecuta operaciones y censuras varias, desnaturalizando y denigrando el ejercicio del periodismo profesional.
Quienes se opusieron y se rebelaron ante semejante práctica de la alcahuetería disfrazada de periodismo fueron, por supuesto, removidos de sus cargos, en una demostración contundente de ejercicio del poder omnímodo que daña y perjudica nuestro prestigio de laburantes de prensa.
La CGI reitera, como ya lo ha hecho ante las autoridades actuales, que la persistencia de estos criterios sistemáticos y generalizados, además de una forma ruinosa de ejercicio de periodismo, supone un maltrato hacia los trabajadores de Télam.
Por eso reclamamos a las autoridades de Télam el cese inmediato de estas graves prácticas.
COMISION GREMIAL INTERNA
Ante el recrudecimiento de los ataques y descalificaciones a medios y
periodistas y la posible intervención a Clarín por parte del Poder
Ejecutivo Nacional, los abajo firmantes nos pronunciamos por la
defensa irrestricta de la libertad de prensa, por el rechazo a la
intervención de cualquier medio de comunicación y contra cualquier
intento de avasallamiento por parte del Estado, así como acompañamos a
la Asamblea de trabajadores de Clarín en la defensa de sus puestos de
trabajo.
La libertad de expresión y prensa y el derecho al acceso a la
información son valores que los periodistas defendemos como una forma
de preservar los principios democráticos de nuestra sociedad.
Firman:
Muchos otros periodistas adhirieron a este texto, pero pidieron reserva por trabajar en medios de prensa vinculados al Gobierno y temor a represalias.
La agresión sufrida por Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki y el equipo periodístico que los acompañaba en el aeropuerto de Caracas, donde fueron retenidos durante más de una hora y media, incomunicados, acusados de espionaje y vieron su material periodístico borrado o secuestrado, debe ser condenada con absoluta energía por la profesión periodística.
También debe ser condenada sin atenuantes la actuación del embajador argentino en ese país, Carlos Cheppi, quien en lugar de asistir a ciudadanos argentinos como es su deber, se dedicó a acusar a los periodistas de haber incurrido en una “provocación”. El solo hecho de dejar sin asistencia a sus compatriotas implica el incumplimiento de los deberes de un funcionario público.
No existe ninguna excusa, ni por parte del gobierno de Venezuela ni, mucho menos, del de la Argentina para este despropósito.
La ideología o la opinión de un ciudadano no debe hacerlo jamás diferente ante la ley. La democracia es, justamente, el trato justo e igualitario para todos los ciudadanos, sin distinción de etnia, género, idea política o profesión.
Los periodistas estamos viendo en estos días que nuestro trabajo está sometido constantemente a sospecha. Lo que ha sucedido con Jorge Lanata, además, lo ha colocado en el peor lugar: el de una víctima que debe demostrar que ha sido violentado.
Los firmantes pedimos la remoción del embajador Cheppi de su cargo, la condena por parte del Estado argentino del trato dado a ciudadanos de nuestra república en un país extranjero y la solidaridad sin cortapisas con Jorge Lanata y su equipo.
Atentamente,
Hugo Alconada Mon
Alejandro Alfie
Claudio Aliscioni
Nuria Am
Norberto Angeletti
Eduardo Antin (Quintín)
Carlos Ares
Alberto Armendáriz
Ricardo Alberto Arrúa
Marina Artusa
Eduardo Aulicino
Jorge Aulicino
María Laura Avignolo
Jorge Avila
Mariano Alonso Balmendia
Mónica Baumgratz
Ana Barón
Rodolfo Barros
Osvaldo Bazán
Gustavo Bazzan
Juan Bedoian
Federico Bedrune
Juan Mariano Bertorello
Alejandro Bianchi
Martín Bidegaray
Julio Blanck
Javier Blanco
Marcelo Bonelli
Fabián Bosoer
Guido Braslavsky
Fernando Bravo
Santiago Britos
Carlos Burgueño
Ricardo Cámara
Marcelo Cantelmi
Marcelo Cantón
José Alberto Capdevila
Laura Capriata
Nelson Castro
Arturo Cavallo
Luis Ceriotto
Laura Corvalán
José Crettaz
Walter Curia
Claudio Oscar D’Alessando
Sergio Danishewsky
Flavia de la Fuente
Denise De Olivera
José Antonio Díaz
Juan Ignacio Dios
Martín Di Natale
Roberto Di Sandro
Luis Domenianni
Federico Domenianni
Miguel Angel Efeyan
Rafael Elidelmar
Georgina Elustondo
Florencia Etcheves
Javier Febré
Daniel Fernández Canedo
Jorge Fernández Díaz
Marco Fernández Leyes
Silvia Fesquet
Ricardo Frascara
Carlos Gabetta
Pablo Gaggero
Pablo Gagliano
Alejandra Gallo
Héctor Gambini
Walter Giannoni
Nacho Girón
Bernardo Goncalvez Borrega
Florencia Grieco
María José Grillo
Carlos Guyot
Silvina Heguy
Ernesto Jackson
Claudio Jacquelin
Daniel Juri
Ricardo Kirschbaum
Juan Agustín Landaburu
Facundo Landivar
Lilian Lanzieri
Rubén Lasagno
Abigail Lasalle
Román Lejtman
Alfredo Leuco
Gabriel Levinas
Daniel Leyba
Josefina Licitra
Marcelo Lippi
Enrique Llamas de Madariaga
Rodrigo Lloret
Matías Longoni
José Ignacio López
Paula Lugones
Luis Majul
Sergio Manaut
Silvina Márquez
Pablo Mendelevich
Silvia Mercado
Leonardo Mindez
Ignacio Miri
Federico Monjeau
Ricardo Montacuto
Néstor Montenegro
Joaquín Morales Solá
Marcelo Moreno
Pablo Morosi
Daniel Muchnik
Oscar Muiño
Alberto Muney
Francisco Muñoz
Hugo Ricardo Murno
Silvia Naishtat
Pedro Navarro
Gustavo Noriega
Mariano Obarrio
Alcadio Oña
Eugenio Paillet
Carlos Pagni
Marcelo Panozzo
Osvaldo Pepe
Carolina Perín
Silvia Pisani
Martín Pitton
José María Poirier
María Elena Polack
Javier Porta Fouz
Rodolfo Pousá
Gerardo Puig
Ceferino Reato
Ricardo Roa
Fernando Héctor Rubio
Andrea Rodríguez
Paula Rodríguez
Analía Roffo
Gastón Roitberg
Jorge Rosales
Magdalena Ruiz Guiñazú
Carlos Sacchetto
Raquel San Martín
Christian Sánchez
Matilde Sánchez
Gonzalo Sánchez
Adrián Sánchez Berger
Silvio Santamarina
Daniel Santoro
Beatriz Sarlo
Judith Savloff
Claudio Savoia
Laura Serra
Sergio Serrichio
Gustavo Sierra
Pablo Sirven
Jorge Sluger
Jairo Straccia
Eduardo Tagliaferro
Eliana Toro
Jorge Urien Berri
Dolores Valle
Eduardo Van der Kooy
Daniel Vecchiarelli
Jorge Velázquez
Susana Viau
Luis Vinker
Sylvina Walger
Miguel Wiñazki
Gerardo Young
Juan Carlos Zapiola
Edi Zunino
Carlos Zeppa
“Los hechos son sagrados, las opiniones son libres.” Este concepto, enseñado en todas las universidades del mundo, conserva su espléndida vigencia. El acceso irrestricto a los hechos y a las opiniones define la calidad de la libertad de prensa. Ella, a su vez, es una condición de la calidad de la democracia. Para garantizarlas, el Estado argentino ha suscripto:
Más aún, el Decreto 1172/2003 firmado por Néstor Kirchner ordenó a todo funcionario público “permitir el acceso a la información en el momento en que le sea solicitada o proveerla en un plazo no mayor de diez días”. El gobierno, sin embargo, incumple por sistema todos y cada uno de los compromisos asumidos.
Los periodistas tenemos crecientes dificultades para acceder a la información. Esto ocurre a nivel nacional, provincial y comunal. A la distorsión de las estadísticas, se suma la decisión oficial de bloquear la información acerca de los actos de gobierno, eliminando sitios institucionales que la contenían o haciendo desaparecer de ellos datos que ya habían estado disponibles. Un ejemplo claro es el de los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que por el art. 11 del decreto del PEN 11702/3 ya no figuran on line y a los que sólo se puede acceder tras presentación personal bajo número de documento. Esos informes, se subraya, son propiedad de cualquier ciudadano y no del gobierno.
La información parcial, sesgada o ausente es un problema para las mujeres y hombres de prensa, pero sobre todo para la ciudadanía, obligada a juzgar hechos que sólo conoce parcialmente.
Maquiavelo, que conocía el alma del poder y hablaba como un periodista, sostenía: “Todos nuestros príncipes tienen un propósito y puesto que nos es imposible conocer sus secretos, nos vemos obligados a inferirlos de las palabras y los actos que ejecutan y en parte a imaginarlo”. El gobierno ha llevado ese secretismo hasta la exasperación, pero se enardece cuando intentamos indagar en aquello que nos impide saber.
La idea de libertad de prensa es parte de la modernidad, que liquidó los privilegios de nacimiento y postuló la defensa de los derechos sociales para los sectores oprimidos. Es hija de la democracia y vino a reparar la asfixia y las inequidades del absolutismo. Defenderla no es bregar por las ventajas de unos pocos sino velar por la necesidad de las mayorías.
En nuestro primer documento, respaldado por casi por 150 periodistas, hicimos foco en la ausencia de conferencias de prensa; esto es, la negativa de los funcionarios de gobierno a rendir cuenta de sus actos, un aspecto sustancial del acceso a la información. Hoy reclamamos la plena vigencia de todas las normas que garantizan el derecho del pueblo a saber de qué se trata.
Hugo Alconada Mon
Alejandro Alfie
Claudio Aliscioni
Nuria Am
Norberto Angeletti
Carlos Ares
Alberto Armendáriz
Ricardo Alberto Arrúa
Marina Artusa
Eduardo Aulicino
Jorge Aulicino
María Laura Avignolo
Jorge Avila
Mariano Alonso Balmendia
Mónica Baumgratz
Ana Barón
Rodolfo Barros
Osvaldo Bazán
Gustavo Bazzan
Juan Bedoian
Federico Bedrune
Juan Mariano Bertorello
Alejandro Bianchi
Martín Bidegaray
Julio Blanck
Javier Blanco
Marcelo Bonelli
Fabián Bosoer
Guido Braslavsky
Fernando Bravo
Santiago Britos
Carlos Burgueño
Ricardo Cámara
Marcelo Cantelmi
Marcelo Cantón
José Alberto Capdevila
Laura Capriata
Nelson Castro
Arturo Cavallo
Luis Ceriotto
Laura Corvalán
José Crettaz
Walter Curia
Claudio Oscar D’Alessando
Sergio Danishewsky
Flavia de la Fuente
Denise De Olivera
José Antonio Díaz
Juan Ignacio Dios
Martín Di Natale
Roberto Di Sandro
Luis Domenianni
Federico Domenianni
Miguel Angel Efeyan
Rafael Elidelmar
Georgina Elustondo
Florencia Etcheves
Javier Febré
Daniel Fernández Canedo
Jorge Fernández Díaz
Marco Fernández Leyes
Silvia Fesquet
Ricardo Frascara
Carlos Gabetta
Pablo Gaggero
Pablo Gagliano
Alejandra Gallo
Héctor Gambini
Walter Giannoni
Nacho Girón
Bernardo Goncalvez Borrega
Florencia Grieco
María José Grillo
Carlos Guyot
Silvina Heguy
Ernesto Jackson
Claudio Jacquelin
Daniel Juri
Ricardo Kirschbaum
Jorge Lanata
Juan Agustín Landaburu
Facundo Landivar
Lilian Lanzieri
Rubén Lasagno
Abigail Lasalle
Román Lejtman
Alfredo Leuco
Gabriel Levinas
Daniel Leyba
Josefina Licitra
Marcelo Lippi
Enrique Llamas de Madariaga
Rodrigo Lloret
Matías Longoni
José Ignacio López
Paula Lugones
Luis Majul
Sergio Manaut
Silvina Márquez
Pablo Mendelevich
Silvia Mercado
Leonardo Mindez
Ignacio Miri
Federico Monjeau
Ricardo Montacuto
Néstor Montenegro
Joaquín Morales Solá
Marcelo Moreno
Pablo Morosi
Daniel Muchnik
Oscar Muiño
Alberto Muney
Francisco Muñoz
Hugo Ricardo Murno
Silvia Naishtat
Pedro Navarro
Gustavo Noriega
Mariano Obarrio
Alcadio Oña
Eugenio Paillet
Carlos Pagni
Marcelo Panozzo
Osvaldo Pepe
Carolina Perín
Silvia Pisani
Martín Pitton
José María Poirier
María Elena Polack
Javier Porta Fouz
Rodolfo Pousá
Gerardo Puig
Quintín
Ceferino Reato
Ricardo Roa
Fernando Héctor Rubio
Andrea Rodríguez
Paula Rodríguez
Analía Roffo
Gastón Roitberg
Jorge Rosales
Magdalena Ruiz Guiñazú
Carlos Sacchetto
Raquel San Martín
Christian Sánchez
Matilde Sánchez
Gonzalo Sánchez
Adrián Sánchez Berger
Silvio Santamarina
Daniel Santoro
Beatriz Sarlo
Judith Savloff
Claudio Savoia
Laura Serra
Sergio Serrichio
Gustavo Sierra
Pablo Sirven
Jorge Sluger
Jairo Straccia
Eduardo Tagliaferro
Eliana Toro
Jorge Urien Berri
Dolores Valle
Eduardo Van der Kooy
Daniel Vecchiarelli
Jorge Velázquez
Susana Viau
Luis Vinker
Sylvina Walger
Miguel Wiñazki
Nicolás Wiñazki
Gerardo Young
Juan Carlos Zapiola
Edi Zunino
Carlos Zeppa
(Adhesiones y comentarios en conferenciadeprensa9@gmail.com)
Señor Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manuel Abal Medina:
Nos dirigimos a Ud. porque hace unos días le hemos escuchado afirmar: “A los comentaristas que dicen que no damos conferencias de prensa o que hablamos poco les digo que no se preocupen. Si hablamos poco es porque estamos trabajando, porque la política es eso: trabajar…” .
Frente a sus declaraciones es forzoso recordarle que, por ejemplo, desde el 1º de marzo, la Presidente de la Nación se dirigió a la ciudadanía en no menos de nueve oportunidades, incluídas las tres horas y media que empleó para dar inicio al período de sesiones parlamentarias. Nada nos hace pensar que, por eso, la Presidente no trabaja. Suponemos que lo hace. Y mucho. Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones que, es cierto, pertenecen a un nuevo género al que no podemos llamar “conferencia de prensa”, se admitieron preguntas. Es la Presidente quien se dirige a la concurrencia. Las comunicaciones de la Jefa de Estado y, en líneas generales, las de la inmensa mayoría de sus funcionarios, son de vía única. Ignoramos, por lo tanto, si la Presidente y sus funcionarios escuchan.
Paralelamente, la lista de hechos de hostigamiento hacia la prensa es enorme. Solo basta recordar los “juicios éticos y populares” que Hebe de Bonafini -con presencia de funcionarios públicos como Néstor Busso- realizó en 2010 y 2012 contra varios colegas; la desgraciada reacción del Ministro del Interior Florencio Randazzo tras decir que los diarios La Nación y Clarín atentaban “contra la democracia y la calidad institucional”; las amenazas del empresario de medios ligado al Gobierno Sergio Szpolski, defensor acérrimo de la actual administración en su multimedios, contra otro colega por publicar un diálogo público; y la acusación directa de “nazis” a otros dos periodstas por parte, ni más ni menos, de la Presidenta de la Nación. A todos estos hechos se les suma el uso del dinero y los medios públicos para sostener esta política de acoso que, como es evidente, excede los hechos puntuales para volverse sistema.
Los abajo firmantes, periodistas de distintos medios, edades, orígenes sociales, políticos y culturales tenemos una obligación común: preguntar. Se nos ha enseñado en las escuelas, en las redacciones, en los textos que teorizan sobre los alcances de nuestra profesión que el compromiso del periodista es con la verdad y la verdad son los hechos; que la misión del periodista es indagar, cuestionar e informar a la opinión pública, frente a la que tanto ustedes, funcionarios, como nosotros, gente de prensa, somos responsables. La prensa es un instrumento de la República y un reaseguro para el control ciudadano de los actos del gobierno. Es así que los hombres de Estado están obligados a rendir cuentas y nosotros incurriríamos en mala praxis si no pidiéramos esa rendición. En razón de esa tensión saludable y democrática, por cierto, es que más allá de las falacias con que Ud. acaba de contestar las demandas de diálogo, seguiremos insistiendo en preguntar, ejerciendo nuestro derecho y exigiendo el cumplimiento de esa obligación.
No es sencillo ser un funcionario político. Está claro. Tampoco ser periodista es siempre fácil. No es agradable responder a preguntas incómodas. Lo imaginamos. Tampoco lo es formularlas, pero se trata, desde nuestro punto de vista, de un acto necesario. Hacemos votos porque en algún momento, mejor temprano que tarde y sin que eso los distraiga de sus tareas, la Presidente, Usted y sus colegas del gobierno acepten ese intercambio como lo que, en esencia, es: una carga pública.
Mientras tanto, frente a la imposibilidad de hacerlo en los escenarios habituales y, reiteramos,para no abdicar de nuestro derecho a recabar información, quienes suscribimos este texto le informamos que, de aquí en adelante, haya o no contestación, formularemos las preguntas que consideremos de interés a través de los medios que estén a nuestro alcance. Las que siguen son sólo algunas de ellas:
-¿Por qué razón los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se vinculan con la prensa más allá de un grupo de periodistas amigos?
-Todos somos esclavos de la ley. Eso diferencia a los sistemas donde impera la justicia de aquellos que se apartan de la legalidad y de las conductas democráticas ¿Por qué el Gobierno desconoce los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la publicidad oficial?
-¿Por qué se dejaron de brindar detalles de la distribución de la publicidad oficial, pese a que varias ONGs presentaron pedidos de acceso a la información pública, basándose en el Decreto 1172/03, que dictó Néstor Kirchner?
-Frente a las incontables declaraciones de enemistad y desagrado respecto de nuestra tarea, ¿qué rol cree su gobierno que debemos desempeñar los periodistas? ¿Por qué es letra muerta la Ley de Acceso a la Información?
Sin más, por ahora, lo saludan atte.
Alejandro Alfie
Claudio Aliscioni
Norberto Angeletti
Carlos Ares
Alberto Armendáriz
Ricardo Alberto Arrúa
Marina Artusa
Eduardo Aulicino
Jorge Aulicino
María Laura Avignolo
Mariano Alonso Balmendia
Mónica Baumgratz
Ana Barón
Rodolfo Barros
Osvaldo Bazán
Gustavo Bazzan
Juan Bedoian
Federico Bedrune
Alejandro Bianchi
Martín Bidegaray
Marcelo Bonelli
Julio Blanck
Javier Blanco
Guido Braslavsky
Fernando Bravo
Carlos Burgueño
Ricardo Cámara
Marcelo Cantelmi
Marcelo Cantón
José Alberto Capdevila
Laura Capriata
Nelson Castro
Luis Ceriotto
José Crettaz
Walter Curia
Sergio Danishewsky
José Antonio Díaz
Martín Di Natale
Luis Domenianni
Federico Domenianni
Georgina Elustondo
Florencia Etcheves
Daniel Fernández Canedo
Jorge Fernández Díaz
Marco Fernández Leyes
Silvia Fesquet
Carlos Gabetta
Pablo Gaggero
Alejandra Gallo
Héctor Gambini
Walter Giannoni
Bernardo Goncalvez Borrega
Florencia Grieco
María José Grillo
Carlos Guyot
Leonardo Hancevich
Silvina Heguy
Claudio Jacquelin
Daniel Juri
Ricardo Kirschbaum
Jorge Lanata
Juan Agustín Landaburu
Facundo Landivar
Abigail Lasalle
Román Lejtman
Alfredo Leuco
Gabriel Levinas
Daniel Leyba
Josefina Licitra
Rodrigo Lloret
Matías Longoni
José Ignacio López
Paula Lugones
Luis Majul
Silvina Márquez
Pablo Mendelevich
Silvia Mercado
Leonardo Mindez
Federico Monjeau
Joaquín Morales Solá
Marcelo Moreno
Pablo Morosi
Daniel Muchnik
Oscar Muiño
Alberto Muney
Silvia Naishtat
Pedro Navarro
Gustavo Noriega
Mariano Obarrio
Alcadio Oña
Eugenio Paillet
Carlos Pagni
Marcelo Panozzo
Osvaldo Pepe
Silvia Pisani
Martín Pitton
María Elena Polack
Javier Porta Fouz
Rodolfo Pousá
Gerardo Puig
Quintín
Ceferino Reato
Ricardo Roa
Paula Rodríguez
Analía Roffo
Gastón Roitberg
Diego Rojas
Jorge Rosales
Magdalena Ruiz Guiñazú
Carlos Sacchetto
Matilde Sánchez
Gonzalo Sánchez
Adrián Sánchez Berger
Daniel Santoro
Beatriz Sarlo
Claudio Savoia
Laura Serra
Sergio Serrichio
Gustavo Sierra
Jorge Sluger
Eduardo Tagliaferro
Eliana Toro
Jorge Urien Berri
Dolores Valle
Eduardo Van der Kooy
Daniel Vecchiarelli
Susana Viau
Sylvina Walger
Miguel Wiñazki
Nicolás Wiñazki
Gerardo Young
Juan Carlos Zapiola
(Adhesiones y comentarios en conferenciadeprensa9@gmail.com)